Los portadores de ministerio se comprometen a informar a la Dirección de la Iglesia aquellos hechos que suscitan preocupación por importantes daños materiales o no materiales que pudiesen afectar a la Iglesia. Esto se aplica en particular a los presuntos casos de agresiones sexuales en el ámbito de la asistencia espiritual y el manejo inadecuado de las ofrendas.

Los portadores de ministerio informarán a los responsables de la dirección sobre cualquier cambio en sus circunstancias personales si estas le hicieran imposible o perjudicaran significativamente su actividad ministerial.

Las condenas por un delito penal pueden constituirse en un obstáculo para la actividad ministerial. Si un portador de ministerio aguarda ser condenado por un tribunal de justicia por un delito penal, esto debe informarse a la Dirección de la Iglesia.