En salvaguardia de la autoridad ministerial y de la confianza en el correcto desempeño de sus funciones, los portadores de ministerio se ocuparán de mantener su reputación intacta dentro y fuera de la comunidad. Esto implica un deber de honestidad e integridad, de colaboración confiable con otros portadores de ministerio, de comportamiento respetuoso hacia los portadores de ministerio superiores y de la preservación de la paz dentro de la Iglesia. Además, los portadores de ministerio se comprometen a mantener ordenadas sus finanzas.

Los portadores de ministerio cuidarán de que sus expresiones de opinión dentro y fuera de la comunidad estén en consonancia con los valores cristianos. Pueden debatir con los involucrados las evaluaciones críticas de conflictos internos en la Iglesia o el comportamiento de portadores de ministerio superiores o de la Dirección de la Iglesia, pero no pueden comunicarlos públicamente.